Durante los últimos días del año 2025 diferentes autoridades -en su mayoría alcaldes y gobernadores- alardeaban por las redes sociales haber ocupado el primer lugar en la ejecución presupuestal en inversiones, que eran una máquina de la ejecución, que llegaban al 95% e inclusive 100 % de avance en este indicador, noticia que obsesionaba a incautos ciudadanos, quienes les llenaban de loas a sus destacadas autoridades.

Pero muy equivocados están, la solución no está, en que los gobiernos locales y regionales gasten todo el presupuesto asignado para aumentar la “ejecución”. El tema no es gastar por gastar, sino que el gasto sea de calidad y finalmente redunde en el bienestar del ciudadano. Pues si de aumentar el porcentaje de ejecución se trata, bajemos el denominador, en lugar de subir el numerador, es decir, antes de gastar más en malos proyectos –e incrementar, de paso, el déficit fiscal–, seamos más selectivos con los proyectos que se incorporan al presupuesto.

Además, las cifras del 2025 muestran todo lo contrario a lo informado por las autoridades, pues la mayoría de las gestiones regionales terminaron dejando de gastar sus partidas presupuestales para proyectos de inversión (obras) con el fin de intervenir las cifras y presentar un alto nivel de ejecución. Solo en 2025, 13 de los 25 gobiernos regionales dejaron de gastar más de S/ 1,200 millones del presupuesto que recibieron a inicios del año. Y, los gobiernos locales, concluyeron el año sin ejecutar 7,593 millones destinados a inversión pública.

El Banco Mundial, en estudios recientes publicada como “Revisión de Finanzas Públicas para el Perú”, nos advierte, que la calidad de los estudios previos a la inversión ha disminuido, lo que se asocia con una mayor tasa de proyectos abandonados. Esto nos demuestra que en el país se despilfarra miles de millones de soles al año en proyectos que nunca se terminan. Pero el despilfarro no solamente se debe a que no se terminen sino que muchos proyectos nunca debieron iniciarse.

El problema se ha tornado más visible durante los últimos quince años, pues la eficiencia de la inversión pública ha disminuido debido a una planificación deficiente de la infraestructura a largo plazo y a una toma de decisiones limitada e incoherente sobre la priorización de los proyectos en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, es decir, entre la programación multianual de inversiones (PMI), el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto ejecutado -presupuesto institucional modificado (PIM).

El deterioro en la calidad de los estudios era inevitable con el reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por invierte.pe, que, en palabras del Banco Mundial, “redujo drásticamente los estándares”. Donde antes se exigía un perfil o un estudio de factibilidad, además de una revisión independiente, se pasó a exigir simplemente una ficha técnica e inclusive a exonerar a ciertos proyectos de cualquier estudio de preinversión. La consecuencia fue una proliferación de proyectos sin estudios, muchos de ellos incorporados al presupuesto después de que este haya sido aprobado por el Congreso.

Finalmente, vale la pena pegarle una mirada a la opinión realizada por el Banco Mundial porque ha realizado un análisis profundo para fortalecer la política fiscal del país, nos presenta una mirada detallada a la última década en aspectos clave como impuestos, presupuesto público, inversión pública y servicio civil.